08 de noviembre de 2025 | Redacción Nacional
El Ejecutivo dominicano, encabezado por Luis Abinader, ha puesto en marcha una serie de iniciativas dirigidas a fortalecer la protección social, modernizar la administración pública y digitalizar la prestación de servicios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y avanzar hacia un Estado más eficiente.
Principales acciones
- A través del programa Supérate, el Gobierno informó que 142 292 personas ya han logrado independencia económica gracias a los apoyos brindados, y que más de 1,496,618 familias reciben el bono alimentario “Aliméntate”, cuyo monto mensual fue incrementado recientemente.
- Mediante el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) se distribuyeron más de 22 millones de raciones alimenticias en los últimos años, además de entregar enseres y mejorar viviendas, garantizando atención a hogares vulnerables en todo el país.
- En materia de administración pública y tecnología, se ha iniciado la creación de una Infraestructura Pública Digital, mediante el diseño de una arquitectura tecnológica escalable e interoperable, para mejorar los servicios estatales digitales.
- Bajo el decreto que fusiona programas sociales, se creó la Dirección de Desarrollo Social Supérate, órgano que asumirá la gestión de los programas de protección social mediante componentes como “Apoyo Alimentario”, “Apoyo Hogar”, “Supérate Mujer” y otros, con miras a hacer la atención más integral y eficaz.
- En su discurso, el presidente Abinader presentó las metas del Gobierno de cara al año 2028, entre ellas expandir la clase media, reducir el déficit habitacional y avanzar en digitalización del Estado, lo cual apunta a un desarrollo inclusivo y sostenible.
¿Qué impacto tiene esto para la población?
Estas acciones tienen el potencial de:
- Mejorar el acceso a servicios básicos y recursos en hogares con menos recursos, reduciendo vulnerabilidad.
- Digitalizar trámites y servicios públicos, lo que podría disminuir tiempos de espera y costos para el ciudadano.
- Crear una estructura institucional más eficiente y moderna, alineada con estándares internacionales de gobernanza.
- Promover la inclusión social mediante programas específicos para mujeres, personas con discapacidad, hogares en condición de pobreza, y esfuerzos vinculados a empleo y formación.
Retos que persisten
- Que la implementación sea efectivamente equitativa en todas las provincias y zonas rurales.
- Asegurar que la digitalización no aumente la brecha para quienes tienen menor acceso a Internet o habilidades tecnológicas.
- Mantener la transparencia, supervisión y rendición de cuentas para que los recursos y programas cumplan sus objetivos sin duplicidades ni ineficiencias.
- Evaluar los resultados a mediano plazo: independización económica real, mejora de calidad de vida, aumento de empleo formal, etc.
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