¿De qué se nos habla? ¿De avenidas, grandes infraestructuras, hoteles o megaproyectos? Todo ello resulta irrelevante cuando el Estado no es capaz de garantizar, siquiera mínimamente, el derecho fundamental a la salud.
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En un país donde una persona aquejada de dolor no encuentra atención médica oportuna, los discursos vacíos, revestidos de retórica política y tecnología, carecen por completo de valor. El pueblo no necesita promesas, sino respuestas concretas ante enfermedades curables que, por negligencia institucional, terminan siendo agravadas o incluso mortales. Porque hasta la salud han vendido.
El Centro de Salud de Matahambre…
La salud, después de la vida misma, constituye el bien jurídico superior, sin el cual se imposibilita el ejercicio pleno de cualquier otro derecho: no puede estudiarse, laborarse, ni siquiera alimentarse con dignidad en ausencia de bienestar físico.
El actual modelo de administración pública se encuentra irremediablemente colapsado. No se me hable de narrativas oficiales ni de patriotismo discursivo cuando la realidad fáctica refleja una desconexión absoluta entre los intereses del pueblo y las acciones del Estado. La clase política, empresarial y partidaria ha sido incapaz de resolver siquiera los problemas estructurales más básicos, como lo es el sistema nacional de salud. Resulta evidente que los denominados empresarios coinciden, en gran medida, con los actores del poder político-partidario, siendo todos ellos instrumentalizados por la raíz del interés económico-financiero.
En suma, Gobiernos van y vienen, pero todos responden a una élite económico-financiera que los sostiene y condiciona. Claro está, según el discurso implícito del sistema, todos los políticos dominicanos son virtuosos; los malos, en cambio, son siempre los ciudadanos.
Faustino Richards Trinidad
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