Santo Domingo, RD – La reciente aprobación de la denominada “Ley Mordaza” en República Dominicana ha generado preocupación entre expertos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten que esta normativa podría limitar gravemente la libertad de expresión, la transparencia institucional y la participación ciudadana informada.
Según críticos de la ley, su redacción vaga y sus disposiciones punitivas podrían restringir la difusión de opiniones técnicas y análisis independientes sobre políticas públicas y gestión gubernamental. “Se trata de un retroceso en la democracia dominicana, pues cualquier profesional o ciudadano que critique decisiones oficiales podría enfrentar sanciones legales”, señaló María González, especialista en derecho constitucional.
Organizaciones de transparencia y libertad de prensa han expresado que la ley afecta directamente la rendición de cuentas. La posibilidad de penalizar comentarios, informes o investigaciones consideradas “dañinas” para la imagen de funcionarios públicos pone en riesgo mecanismos esenciales para el control ciudadano y la vigilancia ética del poder.
Organizaciones de transparencia y libertad de prensa han expresado que la ley afecta directamente la rendición de cuentas. La posibilidad de penalizar comentarios, informes o investigaciones consideradas “dañinas” para la imagen de funcionarios públicos pone en riesgo mecanismos esenciales para el control ciudadano y la vigilancia ética del poder.
Por su parte, legisladores que apoyan la medida aseguran que busca proteger la reputación de las instituciones y prevenir la desinformación, aunque la ambigüedad en su redacción ha provocado un debate intenso sobre su alcance y posibles efectos sobre el ejercicio profesional de técnicos, periodistas y académicos.
Analistas alertan que, de no modificarse, la Ley Mordaza podría tener consecuencias a largo plazo, generando autocensura y debilitando los espacios de debate público, fundamentales para una democracia sólida y participativa. Mientras tanto, distintos sectores llaman a un diálogo nacional que garantice la protección de los derechos fundamentales sin comprometer la integridad institucional.
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